Ocupar la posición de Defensor del Pueblo constituye un gran reto, porque sobre sus hombros recae poner a andar a una nueva institución cuya función esencial es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y velar por el correcto funcionamiento de la administración pública.
La elección de la abogada Zoila Martínez de Medina al frente de esta posición el pasado miércoles, llegó 12 años después de que en el país se instituyera esa figura, que fue aprobada en el 2001, mediante la ley 19-01, y constitucionalizada en el 2010 con su inclusión en la Carta Magna.
Al Defensor del Pueblo, la ley le otorga amplios poderes. Tiene potestad para comenzar, por iniciativa propia (de oficio) o a petición de parte, cualquier investigación para el esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no oficiales que presten servicios públicos.
Está facultado para inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor.
Los desafíos
La ley prevé que el Defensor del Pueblo amoneste a un funcionario cuando en las investigaciones resulta comprometida la responsabilidad de la autoridad.
Si en el curso de sus investigaciones verifica violaciones a la ley que constituyan delito, lo comunicará al ministerio público para que inicie las pesquisas y le informe sobre las investigaciones. Los reclamos y quejas ante el Defensor del Pueblo se pueden hacer por escrito, de forma verbal o por cualquier medio. El cargo sólo es compatible con la docencia y no podrá pertenecer a un partido político, ni participar en actividades de carácter político partidario.
La elección de la abogada Zoila Martínez de Medina al frente de esta posición el pasado miércoles, llegó 12 años después de que en el país se instituyera esa figura, que fue aprobada en el 2001, mediante la ley 19-01, y constitucionalizada en el 2010 con su inclusión en la Carta Magna.
Al Defensor del Pueblo, la ley le otorga amplios poderes. Tiene potestad para comenzar, por iniciativa propia (de oficio) o a petición de parte, cualquier investigación para el esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no oficiales que presten servicios públicos.
Está facultado para inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor.
Los desafíos
La ley prevé que el Defensor del Pueblo amoneste a un funcionario cuando en las investigaciones resulta comprometida la responsabilidad de la autoridad.
Si en el curso de sus investigaciones verifica violaciones a la ley que constituyan delito, lo comunicará al ministerio público para que inicie las pesquisas y le informe sobre las investigaciones. Los reclamos y quejas ante el Defensor del Pueblo se pueden hacer por escrito, de forma verbal o por cualquier medio. El cargo sólo es compatible con la docencia y no podrá pertenecer a un partido político, ni participar en actividades de carácter político partidario.
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